AdminRECIBE CONGRESO INICIATIVA QUE ELIMINA REQUISITO DE “NO ANTECEDENTES PENALES” PARA COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 ter de la Ley de Desarrollo Social.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- El Congreso de Hidalgo dio entrada a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 ter de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Hidalgo, con el propósito de eliminar el requisito de no contar con antecedentes penales para poder integrar los comités de contraloría social, dando cumplimiento a la legislación federal y disposiciones del poder judicial de la federación.
A propuesta del diputado del Grupo Legislativo del PT, Miguel Ángel Peña Flores, la iniciativa señala que el exigir a un ciudadano, que para ser partícipe de un comité de contraloría social, no deba contar con antecedentes penales, vulnera el derecho a la igualdad y “es a todas luces discriminatorio, imposibilitados para acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de un su derecho de participación ciudadana”.
Por ello, el legisladora del PT busca reformar el artículo 80 ter de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue:
“Artículo 80 Ter.- Quienes conformen los Comités de Contraloría Social deberán ser ciudadanos residentes y beneficiarios del lugar donde se aplica el programa social, definiéndose en el Reglamento de la presente Ley y en las reglas de operación del programa correspondiente, las bases para su elección, conformación e integración”.
Expuso que se debe privilegiar el derecho a la reinserción social efectiva como un derecho exigible que permita que las personas que han egresado de prisión tras haber cumplido su sentencia, no sean estigmatizadas y se les ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como un miembro más de la comunidad, siendo uno de los elementos clave para ello, el que se protejan sus datos personales.
Indicó que respecto a la discriminación derivada de los antecedentes penales de una persona, el sistema penitenciario durante muchos años estuvo enfocado en la privación de la libertad como castigo por la comisión de un delito, sin embargo, a partir del 18 de junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a diversos artículos constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal, estrechamente vinculada al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
En tanto y con motivo de la reforma aludida, comunicó que fue adicionado el artículo 80 ter, estableciendo que quienes conformen los Comités de Contraloría Social deberán ser ciudadanos residentes y beneficiarios del lugar donde se aplica el programa social.
Por lo antes citado, el Grupo Legislativo del PT considera que ese requisito es discriminatorio de los beneficiarios de los programas sociales quienes participan de manera voluntaria, honorífica y organizada e independiente.
