AVALA CONGRESO ACUERDO ECONÓMICO PARA QUE SSPEH INHIBA ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO
• Seguridad pública, es una obligación concurrente de la Federación, el Estado y los Municipios.
• En Hidalgo, el robo a transporte público individual y colectivo, estadísticamente aumentó en un 9% en 2018, respecto al 2017.
Pachuca de Soto, Hidalgo.- El Congreso avaló con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones un acuerdo económico por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, a efecto de que establezca una estrategia conjunta con los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de que sean implementadas las medidas necesarias para el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras del Estado, para inhibir y perseguir la comisión de los delitos de asalto y robo a transporte público y privado.
Los legisladores también solicitaron que en dicha estrategia se involucre la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Hidalgo.
Lo anterior fue propuesto por la diputada Susana Araceli Ángeles Quezada, quien comentó que en México el uso del transporte público es fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas de cualquier ciudadano, es una herramienta y un derecho de una sociedad que busca alcanzar nuevas formas de bienestar y progreso; de allí la necesidad de contar con sistemas de transporte público que brinden accesibilidad, movilidad, protección y seguridad a los usuarios.
Además, el acuerdo económico señala que la seguridad pública, es una obligación concurrente de la Federación, el Estado y los Municipios, misma que se ha procurado fortalecer con la finalidad de frenar la incidencia delictiva, y en particular en el transporte público, se han puesto en marcha estrategias para prevenir en mayor medida, el riesgo a la integridad y patrimonio de las personas, sobre todo, ante los asaltos que se perpetran en agravio de los usuarios, al circular en las carreteras del País.
De acuerdo con la información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional los delitos cometidos al transporte público cerraron en 2018 en una cifra de 16,543; evidenciando que existe una debilidad operativa por parte del Estado para hacerle frente a este problema y brindarles seguridad a sus usuarios.
En Hidalgo, el robo a transporte publico individual y colectivo, estadísticamente aumentó en un 9% en 2018, respecto al 2017, sin embargo, no se debe dejar de observar que las personas que sufren robos o asaltos en el transporte público, no denuncian, debido a las dificultades que se les presentan, careciendo de las herramientas necesarias y la lejanía de acceder a una instancia jurisdiccional a dejar su denuncia.
Por lo cual, resulta clara la amplia magnitud de este delito, en donde el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha sostenido que por cada un delito denunciado existen otros nueve que no se denuncian.
En recientes fechas, las carreteras aledañas a la ciudad de Pachuca, como son la México-Pachuca, Pachuca-Tulancingo, México-Tuxpan y México- Querétaro, se han convertido en rutas de transporte que requieren atención prioritaria, ante los asaltos tanto en el transporte público, como a los usuarios de vehículos particulares.
Hechos ante los cuales el Diputado José Antonio Hernández Vera y la Diputada Susana Araceli Ángeles Quezada, exponen su preocupación y la necesidad de su atención por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad y la Secretaria de Movilidad y Transporte.
Sin embargo, al respecto debe decirse que los tramos carreteros que enuncian, son de competencia de la autoridad federal, por lo que esta Comisión considera oportuno exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Estado a efecto de que establezca una estrategia conjunta que prevea la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Hidalgo, con la finalidad de que sean implementadas las medidas necesarias para el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras del Estado.