Vinculan a proceso a expresidente municipal de Progreso de Obregón

• Por hechos que la ley sanciona como peculado agravado, la PGJEH consiguió la vinculación a proceso de R.M.R., expresidente municipal de Progreso de Obregón.

Pachuca de Soto.- A través de la unidad especial encargada de la investigación del maxiproceso de la Estafa Siniestra, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo la vinculación a proceso para una persona de iniciales R.M.R., por peculado agravado.

Los hechos que le fueron imputados ocurrieron el 03 de abril de 2020, cuando R. M. R, en calidad de presidente municipal, distrajo de su objeto la cantidad de 1 millón 620 mil pesos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020 (FAISM), destinado para Progreso de Obregón.

Dicha cantidad debía tener como destino el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaran directamente el combate a la pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria del municipio.

Sin embargo el recurso fue transferido a una empresa, por concepto de adquisición de equipo médico, mismo que no fue adquirido.

Derivado de ello, se inició una carpeta de investigación y con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada por elementos de la división de investigación el pasado 25 de agosto.

El imputado, fue trasladado a Pachuca de Soto, donde se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formuló su imputación, sin embargo la defensa del imputado solicitó a la autoridad judicial la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se definiera su situación legal.

Durante la continuación de la audiencia inicial, esta representación social consiguió el auto de vinculación a proceso para R. M. R., por peculado agravado, en agravio de la administración pública.

Como medida cautelar el juez de control impuso la prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.